El pacto de Sánchez con Bildu: 31 terceros grados a presos etarras desde su llegada al poder

El Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado en 31 ocasiones el tercer grado penitenciario a presos de la organización terrorista ETA desde la llegada del líder socialista al poder. El dato lo ha dado el Ejecutivo socialcomunista en una respuesta parlamentaria a Vox en el Congreso de los Diputados.

La contestación, consultada por OKDIARIO, señala que tras la moción de censura de 2018 hubo dos terceros grados a etarras hasta final de año, otros cinco en 2019, un total de 13 más en 2020, cuando estalló la pandemia, y una decena en el año 2021. Con Fernando Grande-Marlaska en Interior y Ángel Luis Ortiz al frente de Prisiones desde mediados de 2018, la política penitenciaria dio todo un giro en favor de los proterras. Y mientras, Sánchez ha ido negociando con Bildu, herederos del brazo político de ETA, sucesivos apoyos: investiduras, Presupuestos, leyes…

El grupo parlamentario de Vox emplazó al Ejecutivo a indicar el número de «terceros grados que ha concedido el Gobierno a condenados por terrorismo en el seno de la organización terrorista ETA desde el año 2018». La formación de Santiago Abascal solicitó además la información por meses y así la recibió con fecha del pasado 28 de marzo.

Lo que no detalla el Gobierno, como le pidió Vox, es si «existe en todos y cada uno de ellos (terceros grados) la petición de perdón expreso por parte del condenado a la víctima concreta». Moncloa se limita a decir en su respuesta que «en todos los casos de progresión se han cumplido los requisitos legales previstos en el artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria».

Este precepto establece como requisito una «petición expresa de perdón a las víctimas del delito». En este contexto, en la exposición de motivos de su iniciativa, Vox recuerda que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha revocado el tercer grado que Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, concedió a Jon Crespo, preso de ETA condenado a 25 años de prisión por varios delitos de terrorismo.

Asimismo, la formación de Abascal indica que esto no es un caso aislado. Y cita el expediente de otro etarra, Unai Fano Aldasoro, condenado a 20 años por delitos de pertenencia a la organización terrorista ETA, tenencia de explosivos y armas y falsificación de documento oficial y hurto, que vio revocada la concesión del tercer grado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La razón de esta revocación, indica Vox, también fue la «ausencia de petición expresa de perdón a las víctimas del delito».

Contactos

«A la luz de las noticias sobre el canal de comunicaciones que ha tenido abierto el Gobierno con los dirigentes de ETA, respondiendo la política penitenciaria a los intereses partidistas del propio Ejecutivo y no al interés general de los españoles, es preciso que desde el mismo cesen estas actuaciones», recalca Voz en su escrito. Un informe de la Guardia Civil destapó el pasado febrero contactos del Gobierno con el entorno de presos etarras, esto es, con colaboradores del líder de Bildu, Arnaldo Otegi.

Además, la tercera fuerza del hemiciclo, subraya que el Gobierno, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras, «debe limitarse a aplicar la LOGP en este tipo de situaciones y velar por su cumplimiento», remacha Vox.

El pasado marzo, la Audiencia Nacional también revocó el tercer grado y devolvió a prisión al etarra Íñigo Gutiérrez Carrillo por riesgo de «reincidencia medio alto». Fue así el tercer revés al Gobierno en su política de terceros grados, después de que el 27 de diciembre Prisiones le concediese la semilibertad en contra del criterio de la Junta de Tratamiento.